Resumen IA:El tribunal removió al notario Álvaro González de su cargo debido a un desempeño deficiente, al permitir operaciones con suplantación de identidad y firmas falsificadas en múltiples escrituras. La Corte de Apelaciones de Santiago consideró la reiteración de la conducta como un fallo persistente en un deber básico del cargo, afectando la confianza pública. González ya enfrentaba procesos disciplinarios, civiles y penales por falsificación documental y usurpación de propiedades, y podría apelar ante la Corte Suprema.
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El texto informa sobre una decisión judicial y los antecedentes del caso de manera objetiva, sin juicios de valor ni inclinación política.
El artículo se centra en la remoción de un notario por fallas graves en la verificación de identidad y autorización de escrituras falsificadas. Todos los elementos son para explicar el caso y sus implicaciones.
La decisión del tribunal golpea a uno de los casos más sensibles para el mundo notarial en el último tiempo. Los ministros estimaron que González mostró un desempeño deficiente en una función esencial de su cargo, al permitir operaciones en las que terceros suplantaron identidades y falsearon firmas en distintas escrituras.
La remoción de un notario no es una decisión habitual, y por eso el fallo conocido en Santiago tiene un peso que va más allá del caso individual.
La Corte de Apelaciones capitalina resolvió sacar de su cargo a Álvaro González, notario titular de la 42ª Notaría, luego de revisar una seguidilla de episodios en los que se detectaron escrituras falsificadas autorizadas en su oficio.
Lo más delicado para el tribunal fue la reiteración de la conducta.
Según el fallo, en al menos ocho ocasiones no se comprobó de forma personal y suficiente la identidad de los comparecientes, lo que permitió que algunas personas suplantaran a terceros y firmaran documentos que después dieron pie a distintos actos jurídicos.
Ese punto fue clave en la decisión.
Para la Corte, no se trató de un error aislado ni de una desprolijidad menor, sino de una falla persistente en un deber básico del cargo: dar fe de que quienes firman son efectivamente quienes dicen ser.
Y cuando eso falla en una notaría, el problema deja de ser administrativo y pasa a tocar el corazón mismo de la confianza pública en los documentos.
El caso ya venía acumulando señales de alarma.
Antes de esta remoción, González había enfrentado un proceso disciplinario que terminó con una suspensión de 60 días, mientras avanzaban las indagaciones por escrituras cuestionadas.
Además, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en su contra, acusándolo de no haber acreditado la identidad de los otorgantes en la forma exigida por la ley y por los autos acordados que regulan la función notarial.
La situación no queda solo en el plano disciplinario.
El notario también enfrenta una investigación penal y un proceso ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se le indaga como presunto autor del delito de falsificación documental cometida por notarios.
De hecho, ya existían antecedentes previos de formalización fijada en su contra por una millonaria falsificación de escrituras ligada a presuntas usurpaciones de propiedades.
Ese detalle explica por qué el caso ha sido seguido con tanta atención.
No se trata solo de firmas mal revisadas, sino de operaciones que podían afectar directamente el dominio de inmuebles y abrir la puerta a transferencias o cesiones hechas sin el consentimiento real de sus dueños.
En una de las denuncias conocidas, incluso apareció el caso de una mujer de 88 años que aseguró haber firmado engañada un documento relacionado con una propiedad de alto valor.
La resolución de la Corte de Santiago, de todos modos, todavía no cierra por completo el episodio.
González puede apelar ante la Corte Suprema, que tendrá la última palabra sobre si confirma o revierte su remoción.
Pero el mensaje que deja el fallo ya es fuerte: cuando un notario falla de manera reiterada en verificar identidades y autoriza documentos falsos, la sanción puede llegar hasta la salida del cargo.