Resumen IA:El Código de Aguas de Chile establece que el agua es un bien nacional de uso público, aunque existen derechos de aprovechamiento que pueden ser transados. Una reforma en 2022 reconoció el acceso al agua como derecho humano, priorizando el consumo humano, pero la estructura histórica de concentración de derechos persiste. La escasez hídrica se agrava por el cambio climático, sequías, sobreexplotación y la presión de actividades como la agroexportación, minería y forestales, afectando a más de 8,35 millones de personas.
"Investigación profunda y contraste exhaustivo por nuestro equipo editorial."
El texto expone de manera equilibrada los diferentes aspectos del problema hídrico en Chile, citando fuentes oficiales y analíticas sin inclinarse hacia una postura política específica.
El artículo se centra en explicar la problemática del agua en Chile, abordando la propiedad de los derechos de agua, la reforma legal y las causas de la escasez hídrica, sin desviarse a temas ajenos al recurso.
Lo primero que hay que aclarar es que en Chile nadie “es dueño” del agua como si fuera una propiedad privada absoluta. El Código de Aguas vigente señala que las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público y que su dominio y uso pertenecen a todos los habitantes de la nación. Lo que sí existe son derechos de aprovechamiento de aguas, que el Estado constituye sobre ese recurso y que históricamente han permitido a privados usarlo, inscribirlo, heredarlo e incluso transarlo.
Ahí nace gran parte de la controversia. La BBC explicó que el Código de Aguas de 1981 permitió que una gran cantidad de particulares inscribiera gratuitamente derechos para usar agua a perpetuidad, generando después un mercado en que esos títulos podían comprarse y venderse. La Universidad de Chile resumió el problema de forma directa: la propiedad del agua se rige por derechos de aprovechamiento y eso ha provocado que dichos derechos se acumulen en pocas empresas y pocas personas.
Esa situación empezó a cambiar en el papel con la reforma al Código de Aguas publicada en 2022. La Dirección General de Aguas y la BCN señalan que la reforma reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable, reafirma que el agua es un bien nacional de uso público y establece que siempre debe prevalecer el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia. El punto es que la reforma no borra mágicamente la estructura histórica del problema, porque Chile sigue cargando con décadas de asignación, concentración y conflicto por los derechos ya existentes.
La segunda gran pregunta es por qué el país se está secando. La respuesta corta mezcla naturaleza y modelo de uso: la DGA ha vinculado la menor disponibilidad de agua al cambio climático, mientras distintos análisis sobre la crisis hídrica mencionan también la sequía prolongada, la variabilidad climática, la sobreexplotación del recurso y la mala gestión. El resultado es enorme: la propia DGA informó que más del 50% de las comunas del país estaba bajo escasez hídrica, con 188 comunas afectadas y más de 8,35 millones de personas, equivalentes al 47,5% de la población.
A eso se suma la presión de actividades productivas intensivas en agua. En el caso de Petorca, por ejemplo, el INDH sostiene que la expansión de la industria agroexportadora, especialmente de la palta hass, incrementó significativamente el consumo de agua, mientras la BBC también menciona casos de agroindustria, minería y forestales que han reducido el agua disponible para comunidades cercanas. Por eso la crisis hídrica chilena no es solo una historia de falta de lluvia: también es una historia de cómo se reparte, se administra y se prioriza un recurso cada vez más escaso.